El Defensor recuerda que el presidente de la citada asociación, Manuel Alcón, remitió a la institución un dossier explicativo de los problemas de la zona y solicitando "una evaluación completa del proceso de industrialización del Puerto de Alicante", en la que incluyen tanto el proyecto de construcción de los silos de cemento como el de creación de la planta de biodiésel, que se encuentra paralizada, aunque pendiente de una resolución judicial.

"A juicio de esta Defensoría cabe iniciar una indagación preliminar, tanto ante la Autoridad Portuaria como ante ese Ayuntamiento" respecto a esa denuncia vecinal, manifiesta el escrito.

Asimismo, agrega, "el Defensor del Pueblo considera que quizá sea preciso un estudio integral del impacto paisajístico y de salud pública que causarían todas las instalaciones en su conjunto".

No obstante, la citada institución recuerda en su escrito que "tanto el Puerto como la ciudad disponen (o han de disponer) de sus instrumentos de planificación respectivos, probablemente sometidos a evaluación estratégica de impacto, y uno y otro siempre sometidos a información pública".

El escrito del adjunto segundo concluye explicando la petición de toda esta información no significa que el Defensor del Pueblo ya tenga un criterio sobre el problema que ha planteado la Asociación de Vecinos y que aún no ha admitido el mencionado escrito como queja.

Una cuestión con múltiples denuncias

C. R. F.

Los colectivos vecinales del entorno de la zona de ampliación del Puerto, y en concreto la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto, han presentado numerosas denuncias en varias instancias sobre la situación medioambiental de esta parte del litoral alicantino. También han contado en ocasiones con el respaldo de partidos políticos.

El propio informe del adjunto segundo al Defensor del Pueblo hace mención a la denuncia sobre la carga y descarga de graneles al aire libre que "es ahora objeto de diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alicante". El Puerto anunció la instalación de unas vallas protectoras para reducir la presencia del polvo que generan en el aire.

La institución con sede en Madrid también recuerda que "hay unos decretos municipales donde se daba un mes a las empresas responsables para paliar la contaminación atmosférica", aunque este plazo se ha venido ampliando.

Gran Vía Sur estima que el uso del suelo que hace la Autoridad Portuaria "no se corresponde en absoluto con el que concedió en su día Puertos del Estado" y que "existen muchas alternativas a la instalación de industrias peligrosas, nocivas, molestas e insalubres" en los muelles.

La entidad también ha advertido de que el espigón del Puerto frente a San Gabriel dificulta la renovación de la aguas. El dossier enviado al Defensor incluye denuncias "en Sanidad, en varios ministerios", en Fiscalía, así como el informe del Seprona sobre partículas contaminantes en la atmósfera, fotos, vídeos e información sobre el barranco y los astilleros.